Page 16 - Informe FECC

b) Democracia e instituciones políticas, puntaje = 4.08. Los constructos que
se miden son: calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación
de campañas, procesos legislativos y de gobierno —el menor puntaje del
rubro con apenas 1 de 10— y calidad general de la democracia.

c) Sociedad civil y medios de comunicación, puntaje = 6.35. Este rubro
tuvo las mejores puntuaciones y mide las siguientes características:
movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la
educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación y
comunicaciones digitales y redes sociales.

En el mismo horizonte regional, de acuerdo con la Organización de los Estados Americanos
(OEA), el gran avance del país que deviene de la articulación de los integrantes del Sis-
tema Nacional Anticorrupción (SNA), deviene en la Plataforma Digital Nacional (PDN),
cuyos avances muestran la forma diferente de combatir la corrupción con inteligencia
de datos.

Con base en la información oficial del Gobierno de México, de acuerdo con la
Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), 54.6% de las personas de 15 años y
más reconocieron a la corrupción como uno de los tres problemas más importantes
que enfrentó el país durante el año 2020 (INEGI, 2021). Asimismo, se reconoce que
15.7% de las personas, son víctimas de corrupción en trámites burocráticos, cuyo
comportamiento se ha mantenido al alza desde 2013, cuando el porcentaje era de
12.1%. A nivel empresas, el porcentaje desde 2016 de 5.6%, ha permanecido similar al
2020 con un porcentaje de 5.1%.

A nivel estatal y con base a World Justice Project (2021) las 32 entidades del país
están reprobadas en adherencia al Estado de Derecho, lo cual permite vislumbrar un
estancamiento en el progreso del país hacia un indicador robusto. La emergencia sani-
taria de COVID-19 implicó efectos disruptivos en el funcionamiento de las instituciones
públicas —particularmente en las instituciones de justicia—, así como un debilitamiento
en la libertad de prensa, y la agenda de seguridad pública se mantuvo como uno de
los mayores retos en todo el país.

Quintana Roo se situó en la última posición de acuerdo con el Índice de Estado de
Derecho 2020-2021, con una puntuación de .34. En esta ocasión, el indicador sugiere
ocho factores que integran su medición: límites al poder gubernamental, ausencia de
corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumpli-
miento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Los mejores puntajes de la entidad
resultaron en los factores de gobierno abierto con .44 y ausencia de corrupción con
.33, lo cual le permitió colocarse en las posiciones 14 y 25 en las mediciones respectivas.

El Estado de Quintana Roo, junto con las entidades de Durango, Ciudad de México y
Estado de México, tiene una probabilidad al triple de que las personas sean víctimas
de corrupción respecto a ser víctima en otras entidades como lo son: Tamaulipas, Baja
California Sur, Colima o Zacatecas (INEGI,2021). De 2017 a 2019, en Quintana Roo, se
observó mayores aumentos en el porcentaje de personas víctimas de corrupción, al
igual que Durango, Guanajuato y Puebla.

14