Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Reconocen participación de expertos que participaron en la Construcción del Estándar de Competencia: EC 1556

Chetumal, Quintana Roo, 29 de agosto de 2023.- La Doctora Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción y Presidenta de la Conafa participó en la entrega de reconocimientos al:

Grupo Técnico de Personas Expertas (GTE) que participaron en la construcción del Estándar de Competencia: EC 1556 Realización de acciones de investigación de responsabilidad de presuntas faltas administrativas.

El Propósito del Estándar de Competencia es servir para la evaluación y certificación de las personas que se desempeñan como Servidoras y

Servidores Públicos en los Organos Internos de Control respecto a la Investigación de presuntas faltas administrativas provenientes de denuncias, resultados de auditoría o bien de investigación por oficio.

El evento se realizó esta mañana en la Casa de la Cultura Jurídica y contó con la participación de las y los integrantes del CPC Quintana Roo, quienes celebraron la reciente publicación del Estándar en el Diario Oficial de la Federación (el día 04 de agosto de 2023).

Se trata de un esfuerzo que desarrollaron diferentes organizaciones en Quintana Roo como:

- Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

- Organo Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

- Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.

- Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Quintana Roo

(SESAEQR0O).

- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

- Organo Interno de Control del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la descripción general del Estándar de Competencia, describe lo que una persona deberá realizar al llevar a cabo la investigación de presuntas faltas administrativas desde la investigación del origen de los hechos, el desarrollo de las diligencias ordenadas que deriven en el acuerdo e informe de la presunta responsabilidad administrativa.

Se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad social.

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